Es lugar común citar la estructura regulatoria del sector eléctrico colombiano, a partir de la Ley 143 de 1994, como un caso de éxito, pues ha alcanzado un nivel de desarrollo significativo en comparativos internacionales, con un suministro de energía constante y fiable.
Al sector lo componen numerosas empresas, públicas, privadas y mixtas, con presencia a través de América Latina. La disponibilidad de electricidad es, por supuesto, esencial para el bienestar social y el funcionamiento del mundo moderno, donde prácticamente todo funciona con electricidad.
Recientemente se ha dado una amplia discusión con respecto a las tarifas que se cobran a los usuarios finales. La discusión necesariamente debe enmarcarse dentro de las restricciones propias de la naturaleza del sector.
Una característica elemental de la energía eléctrica, que ocasionalmente se ignora, es que esta no se puede acumular o guardar, excepto de forma mínima en, por ejemplo, baterías. Se puede guardar agua en represas, que eventualmente podrá transformarse en electricidad sujeto a la capacidad de generación de la hidroeléctrica y, por supuesto, se puede tener combustible para activar termoeléctricas. Pero el hecho es que la electricidad que se consumirá mañana no existe hoy.
Las comercializadoras de electricidad adquieren la energía para entregar a sus usuarios en contratos bilaterales de largo plazo, de hasta 5 años. Los precios de hoy en realidad fueron pactados hace varios años, excepto por las cantidades marginales que se negocian en el mercado spot, gestionado por XM, a su vez administrador del Centro Nacional de Despacho. En el mercado spot solo se intercambian las cantidades que permiten ajustar el desfase que hayan podido tener los contratos de largo plazo con respecto a la demanda efectiva por energía.
La Ley 143 previó estimular la competencia en el sector, dadas sus características, con la separación de las actividades de generación, transmisión y distribución, y de la existencia de muchos jugadores, tanto en generación como en distribución. Sin embargo, en la búsqueda de la eficiencia que traerá una mejor formación de precios para un mejor funcionamiento del mercado, la Creg ha publicado recientemente las resoluciones 114 de 2018 y la 101 020 de 2022, buscando el desarrollo de un Mercado Anónimo Estandarizado (MAE), donde se transen los contratos para entregas futuras de electricidad, función ejercida por Derivex. Esta es una compañía fundada por la BVC y XM, con el respaldo de la Cámara Colombiana de Riesgo de Contraparte (Ccrc), a la cual se han unido recientemente varias de las más importantes generadoras del país.
Los contratos bilaterales a plazos futuros, con los cuales se negocia actualmente la gran mayoría de la energía eléctrica, constituyen un mercado segmentado, específico, con riesgos de contraparte concretos y disímiles difíciles de administrar. En Derivex la interacción de la oferta y la demanda de parte de generadores, comercializadores y distribuidores de electricidad en un mercado anónimo, transparente y eficiente permitirá la mejor formación de precios de la electricidad para una más eficiente gestión de las tarifas de energía.
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